En el presente artículo, se analiza la reciente sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 que exige la necesidad de acompañar un principio de prueba junto con el formulario de petición inicial del proceso monitorio europeo para que pueda ser examinado por el órgano jurisdiccional en aras de examinar la eventual abusividad del importe reclamado frente a un consumidor, y el impacto que va a tener para una tramitación rápida de este procedimiento. Asimismo, el artículo también analiza cuáles son los principales problemas que está experimentando la aplicación práctica de este proceso en Latinoamérica y, en particular, en Colombia.